La preocupación de los vecinos del Aeropuerto de "El Palomar" es que, a medida que crezca el número de vuelos, comience a afectar la vida cotidiana y la tranquilidad de los barrios y, a futuro, puedan provocarles problemas de salud debido a la contaminación acústica que producen los aviones.
El aeropuerto está ubicado en plena zona urbana, próximo a varias instituciones educativas, incluyendo la Escuela de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T.) Nº 4 “Profesor Héctor Ángel Laguarde” y el Colegio privado EMAÚS. En los alrededores de la base aérea se pueden ver familias y estudiantes ir y regresar del colegio, no hay grandes edificaciones, sólo pequeños locales, kioscos y casas. Un barrio normal en el que actualmente se destaca la presencia del ruido que producen las naves durante el despegue y aterrizaje.
Cuando ocurrió el accidente de LAPA en el Aeroparque “Jorge Newbery”, la propiedad más próxima estaba a 700 metros, pero la distancia no fue suficiente para evitar que el avión impactara contra las casas más cercanas al aeropuerto y provocará destrozos.
“¿Quién se va a hacer responsable si ocurre una tragedia?”, cuestionó Leandro Marisi, uno de los representantes de la agrupación StopFlyBondi que viene reclamando por el cierre del aeropuerto desde su apertura. Los vecinos se quejan de los ruidos que producen los aviones desde temprano en el día (el primer vuelo parte alrededor de las 5 de la mañana) que, con el paso del tiempo son cada vez más y también alegan la contaminación del aire debido a los químicos presentes en el combustible de los aviones.
Desde la agrupación presentaron un reclamo apuntando a dos frentes, el primero y principal es la violación de la Ley General de Medioambiente N° 25.675 donde especifica que “toda obra susceptible a degradar el medio ambiente, debe estar sujeta a evaluación de impacto ambiental. Las autoridades deben institucionalizar audiencias públicas y asegurar el derecho de los ciudadanos a participar de los mismos”.
Por su parte, la Fundación Isla Verde presentó un proyecto para convertir el predio de la base aérea militar en una reserva ecológica. Finalmente, desde el Ministerio de Transporte de la Nación se aprobó su utilización como aeropuerto comercial, pero en el reclamo acusan que no se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes o por lo menos no con resultados verosímiles.
Desde la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), al ver la polémica del caso en los medios de comunicación, decidieron que, como trabajo de la carrera de Ingeniería en Sonido, los alumnos realicen un estudio acústico del Aeropuerto de El Palomar. Los resultados fueron contundentes y demostraron que a medida que aumentasen los vuelos se podrían esperar hasta demandas colectivas debido a las molestias que generarían los ruidos ocasionados por los aviones.
“Es responsabilidad de las autoridades aplicar la información y los valores de este estudio”, afirmó Alejandro Bidondo, director de la carrera Ingeniería en Sonido en UNTREF que entregó los resultados del estudio al Ministerio del Transporte y actualmente está trabajando en un proyecto de ley de contaminación acústica en el ambiente (se encuentra en estado parlamentario) para evitar que conflictos como el del aeropuerto comercial no sucedan.
Con respecto a los niveles de sonido que producen los aviones durante el despegue y aterrizaje, estos son capaces provocar dolores de cabeza, cambios de ánimo, trastornos del sueño y, a largo plazo, pueden llegar a generar la pérdida gradual de la audición en algunos casos.
El otro frente al que se hace alusión en el reclamo es la violación de la Ley de Sitios de Memoria N° 26.691, que puntualmente especifica que el Estado Nacional debe gestionar y garantizar la preservación de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de estado ejercido en la Argentina hasta el 10 de diciembre de 1983 hasta que la democracia recobró el poder.
Este es el caso de la I Brigada Aérea “El Palomar” que funcionó como centro de detención y tortura durante la última dictadura militar, pero no fue tenido en cuenta por el Gobierno a la hora de autorizar la apertura del aeropuerto denominado “low cost”.
Para la agrupación vecinal StopFlyBondi, este término que traducido al español significa “bajo costo”, es sinónimo directo de trucho. Es que la base no cuenta con la infraestructura suficiente para operar como sus pares en Ezeiza o Aeroparque. Leandro Marisi sostiene que desde el Ministerio a cargo de Dietrich se basaron en el vuelo diario de un avión Hércules desde la base aérea para autorizar su uso comercial, sin analizar que los niveles acústicos que producía la nave en el único vuelo que realizaba por día estaban muy por debajo de los que genera un aeropuerto durante toda una jornada.
En referencia a la participación política en el caso, la Municipalidad de Hurlingham les brindó su apoyo a los vecinos en el reclamo y se mostró dispuesta a colaborar desde su lugar, en caso de que sea en necesario. Distinto fue la reacción de la Municipalidad de Morón y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que no hicieron comentarios al respecto.
Tanto el municipio a cargo de Ramiro Tagliaferro como la Gobernación de María Eugenia Vidal pertenecen al mismo partido político que el Gobierno Nacional, principal impulsor de la apertura del aeropuerto en la base. En el caso del Gobierno Bonaerense, debería actuar cuando en un terreno dentro de su jurisdicción esté implicado en un proyecto que pueda generar un impacto negativo a su ambiente según la Ley Provincial N° 11.723 “Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”. En esta ocasión, su participación brilló por su ausencia.
Otro sector preocupado por el aumento de la actividad del aeropuerto comercial “El Palomar” es la comunidad educativa. Y es que alrededor del predio de la Brigada Aérea se encuentran cinco colegios y, dos de ellos, muy cercanos a las cabeceras de la pista.
Hasta el momento, las autoridades de las instituciones expresaron que la convivencia con el aeropuerto no genera mayores complicaciones que las derivadas del crecimiento del tránsito y dificultades para encontrar estacionamiento (principalmente para los colectivos escolares), pero saben de la progresión de la actividad y se encuentran expectantes de cómo evoluciona la situación.
Uno de los colegios afectados es el EMAÚS ubicado en la ciudad de Morón. A través de Juan José Giombini, abogado y vicepresidente de la Fundación Padre Luis, entidad propietaria de la escuela, la institución envió una carta a las familias y a la Mnicipalidad para expresar su preocupación por el aumento de vuelos y aseguró que, de ser necesario, van a elevar un reclamo.
“Si lo consideramos conveniente vamos a reclamar y el Ministerio de Transporte va a tener que darnos una respuesta. Entiendo la importancia de los vuelos a bajo costo, pero recibir educación es un derecho”, sentenció Giombini.
Desde el Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial (CPIAYE) sostuvieron que la base aérea “El Palomar” funciona desde 1910, pero que esto no le impide cumplir con las regulaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que sea utilizado como aeropuerto comercial.
Sin embargo, en las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó el caso y le exigió al Ministerio de Transporte, comandado por Guillermo Dietrich, la entrega de todos los estudios de impacto medioambiental realizados para justificar la autorización para que FlyBondi opere desde la base militar.
Esto podría generar un revés, si la Justicia considera insuficiente el material que proporcione el Ministerio. Desde StopFlyBondi sostienen que el Ministerio y el Gobierno Nacional no van a poder dar respuesta a lo que exige la Corte y se muestran confiados en que cese, por lo menos momentáneamente, la actividad aeronáutica en la zona.
En las últimas semanas se barajaron diferentes versiones sobre cuál será el futuro del Aeropuerto “El Palomar”. Lo cierto es que no hay nada definido por ahora, pero más allá de la decisión final, las autoridades deberían preservar los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir la Constitución Nacional, que expresa en su artículo N° 41: Todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano y es deber de las autoridades proteger este derecho.
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